Distintos sectores políticos, han manifestado un documento, en contra de la decisión del Gobierno Nacional, de intervenir la empresa VICENTIN.

 El documento, expresa textualmente lo siguiente:

 La decisión del gobierno nacional de intervenir  Vicentín  por medio de un decreto de necesidad y urgencia es inconstitucional, un atropello al poder judicial y genera una gran  incertidumbre  en el ámbito económico y político.

La improvisada expropiación que planifica (marcada en el origen del anuncio que ni siquiera entiende que se quiere expropiar, si el grupo Vicentín o una de sus empresas) viola la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional, haciendo que a sociedad se pregunte ¿quién será el próximo)

Con el vago concepto de la Soberanía Alimentaria (rechazado por las Naciones Unidas) pretende avanzar en un mercado que es la principal fuente de divisas del país y que poco tiene que ver con los alimentos disponibles para la sociedad. Vicentín produce básicamente alimentos para cerdos y los precios se rigen por mercados internacionales, a lo sumo podría opacar ciertos trayectos del mercado interno.

Tampoco está claro el costo de la operación. Mientras el ministro de la producción dice que no habrá que pagar nada, el presidente habla de que habrá que hacer un esfuerzo importante.

Anteriores experiencias (YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas) indican que los argentinos debimos pagar juicios millonarios ya además hacernos cargo de sus pérdidas.

Lo cierto es que un país en default afrontando una compleja negociación con sus acreedores sumará inmediatamente, sólo en el exterior, una deuda de 500 millones de dólares.

Las transgresiones y fracturas del orden institucional tienen costos en términos económicos concretos, recordemos que YPY nos costó más de 6000 millones de dólares hasta el momento, además del impacto en las inversiones y el acceso  a los mercados de crédito en condiciones favorables.

Creemos que la justicia debe concluir su trabajo y conducir o controlar los destinos de la empresa hasta que se  resuelva el concurso.

La Argentina necesita un Estado que garantice el respeto de las instituciones, la seguridad jurídica, el cumplimiento de las reglas de juego y los compromisos internacionales.

Hechos como éstos van precisamente en sentido contrario.

Llamamos al gobierno a rectificar esta decisión, a tomar un camino alternativo en la búsqueda de soluciones que preserven el interés general.

PRO – UCR – CCARI – APD – UPB – MID