El nuevo responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, estuvo ayer en Casa Rosada. “Está muy enfocado en tomar las riendas”, indican. Las próximas medidas que se estudian en el organismo y los allanamientos de ayer

Los acontecimientos recientes hacen parecer que el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad podría ser un campo minado. Y es que sigue sin frenarse el escándalo por los audios que indican presuntos pagos de sobornos de la droguería Suizo Argentina a funcionarios nacionales. Por estas revelaciones, el Gobierno debió forzar la salida de Diego Spagnuolo -abogado personal del Presidente- de la conducción del organismo, quien contó que en la ANDISestaban aflorando manejos espurios sobre el proceso de compra de medicamentos.

La revelación periodística del portal Data Clave y del streaming Carnaval fue un cimbronazo para la alta cúpula de la Casa Rosada. Al comienzo, Spagnuolo dio explicaciones vagas sobre sus dichos y luego no volvió a contestar a ninguno de los interlocutores del Presidente. En una reunión cerrada entre el triángulo político de Milei, se terminó de decidir la limitación de su cargo -una forma elegante de desplazarlo-, y la de Daniel Garbellini, el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, a quien en los audios se lo califica como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia.

Esto llevó al Ejecutivo a tomar una decisión complementaria: la intervención del organismo, la cual, según dispone el decreto de su implementación, tiene la finalidad de informar “alguna anomalía o incumplimiento” y de que se genere “un informe de intervención, en el cual deberá detallarse el estado general de la situación relevada y las recomendaciones a seguir”.

El designado para esa tarea fue el doctor Alejandro Vilches, quien hasta hace dos días se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud. Se trata de una persona de suma confianza del ministro Mario Lugones, a quien en el entorno presidencial ratifican en su cargo. Incluso, este movimiento parece empoderarlo más que disminuirlo.

El Gobierno tomó así la decisión de intervenir administrativamente para tratar de dar gestos de presunta inflexibilidad ante estos casos. Un procedimiento similar se hizo en los días posteriores al escándalo $LIBRA: allí se decidió que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, creara una unidad ad hoc para investigar el hecho; aunque presidida por su jefa de Gabinete, Florencia Zicavo. Tres meses después, la unidad se disolvió sin haber brindado mayores novedades.

Fuente INFOBAE