La creciente preocupación por la inseguridad vial en Bragado vuelve a estar en el centro de la agenda. En particular, la conducción temeraria de algunos motociclistas se ha convertido en un problema que afecta la vida cotidiana de los vecinos y que exige respuestas firmes del Estado. En su artículo, a través de sus redes sociales, el doctor Fernando Neri concejal (MC) plantea la necesidad de un debate serio, lejos de descalificaciones políticas, sobre qué herramientas legales y de gestión pueden implementarse para frenar a esa minoría que, con su desprecio por las normas, arrincona a toda una ciudad.

Anteriormente fue la concejal Lilián Labaqui quien se expresó sobre el tema y haciendo mención a los riesgos que se corre si el Municipio decide realizar allanamientos en los domicilios de infractores reincidentes.

La opinión de Fernando Neri, textualmente dice: MOTOCICLISTAS TEMERARIOS: UNA MINORIA QUE ARRINCONA A LA CIUDAD

La conducción temeraria de motociclistas en nuestra ciudad es una problemática multicausal que exige respuestas firmes de las autoridades.

Hoy los esfuerzos resultan insuficientes y la mayoría de los vecinos quedamos arrinconados frente al caos que impone una minoría que desprecia su propia vida y la del resto.

En estos días escuchamos al responsable de tránsito plantear la necesidad de hacer más, incluso proponiendo habilitar alllanamientos para secuestrar motos de infractores frecuentes que evaden controles y burlan multas. No es una medida aislada: ya se aplica en municipios como General Villegas, 9 de Julio, 25 de Mayo y Monte.

No será la solución definitiva, pero sí muestra voluntad de asumir mayor responsabilidad frente a un problema grave. Por eso sorprende que, en lugar de debatir la propuesta, desde la política solo haya llegado una respuesta descalificadora, tildándolo de “ignorante e irresponsable”.

Lamentablemente, la critica apresurada y vacía de propuesta, evade la verdadera discusión que debería darse en torno a «si estamos dispuestos a sumar nuevas herramientas que protejan la vida y la salud de los vecinos».

El art. 24 de la Constitución Provincial ya reconoce la facultad de los municipios para allanar domicilios en resguardo de la salubridad pública. Y negar que los accidentes de tránsito –una de las principales causas de muertes y lesiones traumáticas en jóvenes– forman parte de la salubridad es mirar para otro lado.

Este tema merece debate serio y responsable.

El primer paso sería que el Concejo Deliberante declare la seguridad vial como parte de la salubridad pública y luego discuta, sin descalificaciones vacías, qué nuevas herramientas podemos darle al municipio para enfrentar esta problemática.

La pregunta es sencilla:

¿Del lado de los que queremos caminar y circular en paz?

¿O del lado de quienes imponen el “vale todo”?