Especial de Info 24: J.H. GUERRA

En la provincia de Buenos Aires, una antigua norma sigue vigente y genera debates cada vez que se aplica: el Decreto-Ley 8078/73, más conocido por su artículo 1°, prohíbe que una misma persona ocupe dos cargos o empleos en el Estado al mismo tiempo. Esta disposición, que puede parecer rígida, busca resguardar principios esenciales del servicio público como la transparencia, la eficiencia y la equidad.

Aunque muchos bonaerenses desconocen esta norma, su aplicación es cotidiana en la administración pública. La ley dice, con claridad: «Ningún agente podrá ocupar más de un cargo o empleo en la Administración Pública Provincial, ya sea en jurisdicción centralizada o descentralizada, organismos autárquicos o empresas del Estado, salvo casos excepcionales previstos en la misma norma.» Esto incluye docentes, administrativos, profesionales, personal de seguridad, entre otros trabajadores del Estado.

Por ejemplo en el caso de que una persona que pretenda asumir un cargo legislativo, (en carácter de suplente) debe renunciar al cargo que ostente en otra repartición Estatal, a excepción de que esa persona sea titular de la banca y no suplente.

¿Por qué existe esta prohibición?

El espíritu de esta norma tiene raíces éticas y prácticas. Por un lado, busca evitar que una persona concentre poder o recursos del Estado, situación que podría derivar en privilegios o mal uso de fondos públicos. Por otro lado, apunta a garantizar que cada puesto de trabajo esté efectivamente ocupado por alguien que pueda cumplir con sus funciones en tiempo y forma.

Además, esta normativa promueve el acceso equitativo al empleo público: si una persona ocupa dos cargos, le está quitando la posibilidad a otra que busca su primer trabajo en el Estado. En tiempos de crisis o alta desocupación, esta cuestión cobra todavía más relevancia.

Excepciones y controversias

El Decreto-Ley 8078/73 prevé algunas excepciones, por ejemplo, en los casos en que los cargos sean docentes, técnicos o profesionales, y que por su naturaleza no implican una carga horaria incompatible. Pero aún en estos casos, deben cumplirse requisitos específicos y contarse con la debida autorización.

En la práctica, muchos trabajadores del Estado que ejercen funciones en más de un organismo terminan en situaciones irregulares sin saberlo, o bien se exponen a sanciones administrativas, como la cesantía o la exigencia de devolver sueldos percibidos indebidamente.

Un límite que también protege

En definitiva, la imposibilidad de tener dos empleos en el Estado no es una cuestión burocrática menor. Es un límite que intenta preservar la calidad del servicio público, evitar desigualdades y asegurar que el ingreso a la administración pública se mantenga como un espacio accesible y competitivo para todos los ciudadanos.

En un contexto en el que la confianza en las instituciones se ve golpeada, respetar este tipo de normativas también forma parte de construir un Estado más justo y transparente y un respeto a la democracia en si