La Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Bragado, doctora Natalia Gatica y la Subsecretaria de dicha área, Jorgelina Moreno, en la mañana de ayer en el marco de una conferencia de prensa informaron sobre la firma de un convenio con la organización Techo a los efectos de trabajar en este 2018, fuertemente en la emergencia habitacional.

Jorgelina Moreno y Natalia Gatica

Expresó que el jefe comunal, Vicente Gatica firmó dicho convenio con Virgilio Gregorini de la mencionada organización, «y para nosotros esto es una herramienta fundamental en el abordaje de la emergencia habitacional que hoy tiene Bragado…», dijo Natalia Gatica.

El convenio permitirá la adquisición de 10 viviendas  de emergencia de carácter transitorio para familias que sufrieron incendios, voladuras de techos o situaciones de hacinamiento con recursos ordinarios del municipio. “Venimos analizando 10 casos concretos que los notamos en urgencia”, sostuvo.

“Nos pareció un primer paso importante; Techo es una ONG que viene trabajando en ese sentido desde hace mucho tiempo, sobre todo en relevamientos de villas y asentamientos. Cuando se logra la firma de este convenio es porque mucha gente trabajó”, indicó. Sobre lo último, resaltó el compromiso de los titulares de las áreas de Hacienda y Asuntos Legales, y de las trabajadoras sociales.

“Nos parece que es muy importante la visión social que se tiene ante un mejoramiento de vivienda que, tal vez, no es una obra grande, pero para esa familia el arreglo del techo o hacer un baño es un cambio en su calidad de vida”, marcó. Y culminó: “Somos uno de los pocos municipios  que ha logrado conveniar con Techo; queremos avanzar a pasos firmes y con responsabilidad”.

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Por su parte, Moreno expresó: “Hemos decidido abordar la emergencia habitacional con diferentes herramientas. El mejoramiento de viviendas y la construcción de módulos habitaciones es una de ellas”.

Comentó que en 2017 invirtieron $ 2.500.000 en llevar adelante dichas tareas. “El 30 por ciento de esos recursos los invertimos en personas que sufren algún tipo de discapacidad para construir algún módulo de baño o que su vivienda sea más accesible. Pudimos resolver un total de 250 casos junto a la Secretaría de Obras Públicas, quienes llevaban adelante la inspección técnica”, agregó.

Más adelante, aclaró que el primer paso para determinar si una ayuda social corresponde o no, es la visita de la trabajadora social. “Esto para nosotros es un requisito inamovible”, dijo.

Luego, declaró que en 2018 aumentaron un 300 por ciento el presupuesto abocado a la construcción y refacción de módulos de vivienda precarias a familias en estado de vulnerabilidad (Pablo Zuleta se encarga de las inspecciones técnicas). Y añadió que tienen planificado trabajar en 800 casos, donde el 30 por ciento de los fondos también van a estar destinados a personas con capacidades diferentes.

A su vez, manifestó que, para mayor transparencia, la entrega de materiales “siempre se hace por etapas y con un seguimiento exhaustivo de cada caso”. También señaló que el vecino interviene con la mano de obra de la vivienda propia o de la persona que lo necesita.