Cada vez que un hecho delictivo involucra a un menor de edad, reaparece la misma propuesta: bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La idea suena contundente. Parece dar una respuesta rápida. Pero cuando se analiza con seriedad, queda claro que no resuelve el problema de fondo y puede agravarlo.

La Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que el interés superior del niño debe ser el principio rector de cualquier política pública. Eso implica que frente a un adolescente que delinque, el Estado debe priorizar medidas socioeducativas por sobre el castigo penal tradicional. No se trata de justificar delitos, sino de entender que un joven de 14 años está en pleno proceso de desarrollo y no puede ser abordado con la misma lógica que un adulto.

Desde el punto de vista criminológico, la evidencia es clara: endurecer penas o bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito. Los menores participan en un porcentaje reducido de los delitos graves, y la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de fuerte vulnerabilidad social. El encierro temprano, lejos de reeducar, suele consolidar trayectorias delictivas. La cárcel no repara la exclusión; muchas veces la profundiza.

También la neurociencia aporta un dato central: a los 14 años el cerebro —especialmente las áreas vinculadas al control de impulsos y a la toma de decisiones— aún está en formación. El derecho penal se basa en la responsabilidad plena. ¿Podemos hablar de responsabilidad plena cuando la madurez emocional y cognitiva todavía está en construcción?

Pero el punto más importante es político y social. Bajar la edad de imputabilidad puede generar la sensación de que se está actuando con firmeza, pero no aborda las causas estructurales del delito juvenil: abandono escolar, pobreza, consumo problemático, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades reales. Cuando el Estado llega primero con la sanción y no con la escuela, el club, la salud o el acompañamiento familiar, ya llegó tarde.

La discusión no debería centrarse en a qué edad castigamos, sino en cómo prevenimos. En cómo fortalecemos la educación pública. En cómo acompañamos a las familias. En cómo garantizamos presencia estatal en los barrios antes de que el conflicto estalle.

No es más castigo lo que necesitamos. Es más Estado, mejor Estado y a tiempo.

Reducir la edad de imputabilidad puede ser una consigna sencilla. Pero gobernar exige algo más complejo: construir soluciones que funcionen. Y la evidencia muestra que ampliar el sistema penal no es una de ellas