Por: José María Méndez

En varias ciudades del país, como Tres Arroyos, se ha comenzado a aplicar una medida que busca fomentar la responsabilidad social y el compromiso familiar: que los padres o tutores deban pagar las multas o reparar los daños que sus hijos causen en la vía pública. Una política que, lejos de ser punitiva, apunta a generar conciencia y enseñar desde el hogar el respeto por lo público.

No son pocos los casos en los que se destruyen juegos en plazas, se rompen luminarias o se dañan bancos y carteles, afectando espacios que pertenecen a todos. Muchas veces los responsables son menores de edad, lo que dificulta la aplicación de sanciones directas. Sin embargo, en municipios como Tres Arroyos se decidió avanzar con una ordenanza que establece que los padres serán económicamente responsables por los destrozos ocasionados por sus hijos.

La iniciativa tiene un claro sentido educativo: los padres deben ser los primeros en enseñar a sus hijos el valor de cuidar lo que es de todos. La vía pública, las plazas, los espacios recreativos y los edificios municipales son parte del patrimonio común, y su deterioro repercute directamente en la calidad de vida de toda la comunidad.

Sería muy positivo que una medida similar se replique en Bragado. No solo se trata de sancionar, sino de promover una convivencia más responsable y respetuosa. Las políticas públicas deben acompañar la tarea educativa que comienza en casa, reforzando el mensaje de que cada acción tiene consecuencias.

La responsabilidad se enseña desde el hogar, pero también se fortalece cuando la comunidad toda se compromete con el cuidado de lo público. Hacer que los padres respondan por los daños de sus hijos no es castigo: es educación y compromiso ciudadano.