La gestión del intendente Sergio Barenghi se enfrenta a un clima de creciente incertidumbre y críticas tras una serie de siete renuncias en apenas 21 meses, lo que ha generado una ola de interrogantes y un pedido de transparencia por parte de la oposición. La concejal de Unidos por Bragado, Verónica Tucci, ha sido una de las voces más críticas, señalando que estos alejamientos no solo dejan un vacío en el gabinete, sino que también siembran dudas sobre la integridad del gobierno municipal.

Las dimisiones abarcan desde áreas clave como Desarrollo Social y Gobierno hasta direcciones específicas de Género, Medio Ambiente y Niñez, e incluso el Consejo Escolar.

Para Tucci, este patrón de renuncias “deja diferentes mensajes, dudas, inquietudes y hasta decepción”. En sus declaraciones en Radio Fiesta, la edil enfatizó que las que más preocupan son aquellas ligadas a sospechas de corrupción y maltrato.

Sobre la última renuncia de la gestión de Barenghi, es decir la de José Luis Quarleri, ex secretario de Gobierno, se preguntó cómo el jefe comunal pudo haber sostenido casi dos años en el gobierno a una persona que según Tucci no cumple con los principios de un “servidor público”. 

El Fondo Educativo, otra fuente de conflicto

La crítica de la oposición no se limita a las renuncias. Junto a los concejales Nicolás Araujo y Fernando Franzoni del PRO, Verónica Tucci presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para exigir la ejecución de las obras del Fondo Educativo. El proyecto sostiene que, a pesar de que los fondos están llegando con normalidad, el gobierno municipal los “subejecuta” de manera reiterada.

Según el listado presentado, hay una serie de proyectos urgentes que esperan ser concretados desde 2024, incluyendo reparaciones de techos en jardines y escuelas, obras en cocinas y la finalización de un SUM. Entre los establecimientos afectados se encuentran la Escuela N° 501, la Técnica N° 1 y jardines en los barrios Fátima e Independencia.

Los concejales señalan que, de los 1.600 millones de pesos que se espera que ingresen este año, al menos 640 millones deberían ser destinados a infraestructura escolar. La subejecución de estos recursos, pese a que los proyectos ya fueron presentados por el Consejo Escolar, genera frustración. “El dinero está, los proyectos también, pero su concreción se dilata innecesariamente”, concluyeron los ediles en su comunicado. Este escenario de inestabilidad política y descontento social pone a prueba la capacidad de respuesta del gobierno local ante las demandas de transparencia y gestión eficiente.