Los olvidados del sistema, jubilados, discapacidad y adultos mayores

Por: SILVIA FERRARIO

Derechos recortados y un sistema que dejó cruelmente vulnerables a los más desprotegidos, con recortes en remedios, prácticas médicas, atención de especialistas, rehabilitación y otras prestaciones.

Cuando los derechos básicos de las personas vulnerables dejan de estar garantizados, las consecuencias son profundas y afectan todos los aspectos de la vida cotidiana.

Las personas con discapacidad, los adultos mayores, los jubilados y quienes perciben pensiones no contributivas atraviesan una situación cada vez más difícil. A los bajos ingresos y la escasa asistencia social se suman las dificultades para acceder a la salud, los alimentos, los alquileres y los servicios, conformando una realidad que pone en riesgo la calidad de vida de millones de personas.

Los recortes y cambios en distintas áreas generan una creciente preocupación. Muchas familias manifiestan que hoy les resulta cada vez más complicado acceder a medicamentos, estudios, tratamientos, rehabilitación, especialistas y otras prestaciones. En numerosos casos, la atención termina recayendo en los hospitales públicos, que deben responder a una demanda creciente, sin contar en muchos nosocomios con el personal suficiente para afrontar esta situación. También se ha visto afectada la provisión de medicamentos para tratamientos de urgencia y de alto riesgo, muchos de los cuales fueron recortados por el Gobierno nacional.

La discapacidad no puede analizarse de manera aislada. Está estrechamente vinculada con el acceso a la salud, una vivienda digna, una alimentación adecuada y una protección social suficiente. Cuando alguno de estos pilares falla, las consecuencias repercuten directamente en la vida, la autonomía y la dignidad de las personas.

Detrás de cada expediente y de cada pensión hay una persona que necesita tratamientos, medicamentos, rehabilitación, una alimentación saludable, ingresos dignos y una vivienda adecuada.

Los datos oficiales reflejan la magnitud del problema. En Argentina hay aproximadamente 7,9 millones de jubilados y pensionados, además de 1,74 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas, de las cuales el 68 % corresponde a pensiones por invalidez y el 28,2 % a otros beneficios, según fuentes oficiales.

Estas consecuencias no solo afectan a cada persona en forma individual, sino también a todo su entorno familiar. Del mismo modo, impactan directamente en el sistema público de salud debido al incremento permanente de la demanda.

Las prestaciones brindadas por PAMI, Incluir Salud, IOMA y otras coberturas no estarían siendo suficientes a la hora de acceder a prácticas médicas, medicamentos, estudios de alta complejidad, rehabilitación, especialistas, cirugías, tratamientos con drogas específicas para distintas enfermedades, prótesis, audífonos y otros elementos indispensables. Esto genera una importante presión sobre la salud pública, que debe responder a un número creciente de pacientes con recursos limitados, poniendo en riesgo la calidad y la rapidez de la atención.

A esta situación se suman los ingresos que perciben quienes cobran una jubilación mínima, una pensión mínima o una pensión no contributiva, cuyo monto sería aproximadamente un 70 % inferior al haber mínimo. Esto resulta insuficiente para acceder a una atención privada o afrontar gastos de medicamentos, consultas, tratamientos, rehabilitación y otras prestaciones cuando no son cubiertas.

Esta realidad deja a muchas personas sin posibilidades de acceder a lo más básico: salud, alimentación y vivienda.

Al mismo tiempo, puede agravar enfermedades preexistentes, retrasar diagnósticos y tratamientos, aumentar el deterioro físico y emocional y vulnerar derechos fundamentales, como el acceso a una alimentación adecuada, una vivienda digna y una atención sanitaria oportuna.

En consecuencia, la pérdida de calidad de vida repercute tanto en las personas afectadas como en el conjunto del sistema de salud y de la sociedad. Muchas personas se ven obligadas, como consecuencia de un sistema que solo parece haber priorizado los recortes sobre los sectores más vulnerables, a tomar decisiones extremas: reducir el presupuesto destinado a los alimentos, suspender medicamentos o dejar de pagar servicios esenciales como la luz, el gas y el agua, cuyos costos también han aumentado considerablemente en los últimos tiempos.

Otros se han visto afectados por las dificultades para afrontar el pago del alquiler, acumulando deudas imposibles de sostener. En algunos casos debieron abandonar sus viviendas para convivir con familiares y, en otros, recurrir a centros de asistencia para personas en situación de calle, quedando completamente desamparados y con sus derechos gravemente vulnerados.

La realidad de hoy deja a muchas personas sin posibilidades de elegir una alimentación adecuada. Algunas comen solo una vez al día y deben eliminar de sus compras alimentos básicos. Otras dejan de atender problemas serios de salud, recurren a medicación alternativa no recomendada por especialistas o enfrentan demoras en estudios, prácticas y consultas por no poder afrontar los costos de una atención privada cuando la cobertura no responde. Todo ello provoca una disminución de la calidad de vida y, en los casos más graves, un aumento del riesgo de complicaciones e incluso de fallecimientos que podrían evitarse.

Detrás de cada demora hay una historia, una preocupación y, muchas veces, un deterioro que podría prevenirse si las personas recibieran a tiempo la atención que necesitan.

Por eso, hablar del acceso a la salud también es hablar de dignidad, de cuidado y de la tranquilidad de saber que nadie debería verse obligado a elegir entre su economía y su bienestar.

Esta situación pone en evidencia una realidad que no debería naturalizarse.

Cuando los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas no alcanzan para cubrir una atención médica privada ni afrontar los gastos básicos de salud, el derecho a cuidarse y alimentarse queda condicionado por la capacidad de pago. En ese punto, la salud deja de ser un derecho garantizado para convertirse en una preocupación cotidiana.

No se trata solo de números o de prestaciones, sino de personas que necesitan respuestas concretas y oportunas. Cada demora, cada consulta postergada y cada tratamiento interrumpido impactan directamente en la calidad de vida. Por eso, garantizar el acceso a la salud implica reconocer la dignidad de quienes más lo necesitan y asumir que nadie debería tener que elegir entre alimentarse, continuar un tratamiento médico o pagar las deudas de su vivienda.