En una decisión que vuelve a encender la polémica en torno a las prioridades del gobierno nacional, el presidente Javier Milei vetó dos leyes fundamentales: una que establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y otra que beneficiaba a personas con discapacidad. Ambas habían sido aprobadas por amplias mayorías en el Congreso, reflejando un consenso político en torno a la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el Ejecutivo las bloqueó argumentando que afectan las metas de “déficit cero”.

El veto a la ley de movilidad jubilatoria impide mejorar los haberes de millones de jubilados que hoy sobreviven con ingresos por debajo de la línea de pobreza. En un país donde la inflación castiga a diario, el actual sistema de ajuste por inflación pasada más un escueto 10% adicional no alcanza a recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos años. La norma vetada proponía una fórmula más generosa que buscaba asegurar que los jubilados no sigan siendo la variable de ajuste fiscal.

Más grave aún resulta el veto a la ley que ampliaba derechos y recursos para personas con discapacidad. Este proyecto no solo buscaba garantizar prestaciones básicas —como transporte, tratamientos o acompañantes terapéuticos— sino también asegurar que el Estado no se desligue de su obligación constitucional de proteger a quienes más necesitan. En su lugar, el Gobierno optó por una lógica economicista que mide los derechos humanos en términos de costo-beneficio.

Con estos vetos, Milei profundiza su línea de ajuste ortodoxo, que hasta ahora ha recaído con particular crudeza sobre jubilados, trabajadores estatales, comedores comunitarios y personas con discapacidad. Mientras tanto, los grandes sectores económicos siguen sin ser tocados, y la política de “motosierra” parece tener un solo objetivo: los sectores más débiles.

Organizaciones de derechos humanos, asociaciones de personas con discapacidad, sindicatos y expertos en seguridad social han manifestado su repudio. Advierten que estas medidas no solo son regresivas, sino que atentan contra principios constitucionales y tratados internacionales que obligan al Estado argentino a proteger a los más vulnerables.

Lejos de encarnar una “revolución liberal”, el veto presidencial revela una concepción de Estado que reniega de su rol social, transformando la política pública en un frío Excel donde no hay lugar para la empatía ni la justicia social.