• Garate acusa a Grippo de usar en campaña padrones de Incluir Salud.

La Municipalidad de Tres Arroyos, encabezada por el intendente Pablo Garate, presentó una denuncia penal contra dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) por el presunto uso ilegal de datos personales de personas con discapacidad con fines electorales.

La denuncia surge a partir de chats de WhatsApp publicados por medios donde la concejal bahiense Franca Grippo (LLA) afirma tener en su poder el padrón de beneficiarios de Incluir Salud, un registro protegido por ley, y ofrece entregarlo “en mano” a militantes libertarios para “hacer territorio” durante la campaña de 2025. Los mensajes coinciden con la inauguración de un local de LLA en Tres Arroyos el 20 de junio de 2025, acto al que Grippo asistió.

La presentación judicial fue impulsada por la coordinadora del Área de Discapacidad, Andrea Elgart, y el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, y quedó radicada en la UFI Nº16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo. Se solicita investigar una posible violación del artículo 157 bis del Código Penal, que sanciona el acceso y la difusión indebida de datos sensibles, agravado por tratarse de funcionarios públicos.

Desde el Municipio remarcan que ellos nunca pudieron acceder a esos padrones, incluso cuando intentaban ayudar a personas con discapacidad a renovar documentación durante las auditorías nacionales, lo que provocó que muchos vecinos perdieran sus pensiones por no recibir las citaciones a tiempo. Por eso califican la situación como un acto de “crueldad”.

Elgart, además de funcionaria, es madre de un joven con discapacidad y denuncia un fuerte retroceso en las políticas nacionales, señalando que no llegaron recursos, medicamentos ni prestaciones desde Nación, mientras que destaca el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires.

Desde LLA, el referente local Alejandro Finocchio negó la existencia del chat y acusó al gobierno municipal de usar el tema como una maniobra política. Grippo, en tanto, no respondió a las consultas periodísticas.

En síntesis:
el Municipio denuncia que datos sensibles de personas con discapacidad habrían sido usados para militancia política,
en un contexto donde muchos beneficiarios perdieron pensiones,
y ahora la Justicia deberá determinar si hubo delito y responsabilidades.