Por: José María Méndez

La decisión de vetar la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad no solo es un retroceso en materia de derechos, sino que constituye un gesto político y social que lastima profundamente a uno de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad. No hay argumento técnico, fiscal o burocrático que pueda justificar semejante acto cuando hablamos de derechos humanos básicos, de inclusión real y de calidad de vida.

Las personas con discapacidad en nuestro país no viven una situación de igualdad de condiciones; por el contrario, enfrentan obstáculos estructurales: dificultades para acceder a tratamientos, a prestaciones médicas, a la educación inclusiva, a la inserción laboral y, muchas veces, a lo más elemental: movilidad, transporte y asistencia técnica. La emergencia no era un capricho ni un gesto simbólico: era una herramienta urgente para acelerar respuestas que la burocracia suele demorar hasta la desesperación.

Vetarla significa dejar a miles de familias libradas a su suerte. Es cerrar la puerta a soluciones inmediatas y concretas, mientras el tiempo —ese recurso no renovable— se convierte en el enemigo más cruel. Porque para quien necesita una medicación hoy, no sirve que la cobertura llegue en tres meses. Para quien requiere una prótesis, no hay plan de pago que compense los meses de espera. Para quien necesita acompañamiento terapéutico, no existe postergación que no erosione su desarrollo y bienestar.

Es importante subrayar que la Ley de Emergencia para las Personas con Discapacidad no era un privilegio: era una obligación ética y legal del Estado. No reconocerlo implica desconocer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió, y que impone como mandato indelegable garantizar accesibilidad, igualdad y no discriminación.

Quienes sostienen que la medida es “inviable” desde lo presupuestario deberían preguntarse si realmente estamos dispuestos a ponerle precio a la dignidad. Porque los recursos existen: el problema es cómo se priorizan. Y si en esa lista de prioridades las personas con discapacidad quedan relegadas, entonces lo que está en crisis no es la economía, sino nuestro sentido de justicia.

Vetando esta ley, el Estado transmite un mensaje alarmante: que los sectores más vulnerables pueden esperar, que sus reclamos son secundarios, que su voz no pesa lo suficiente. Es un mensaje que erosiona la confianza en las instituciones y que instala un peligroso precedente.

Las familias de personas con discapacidad no piden caridad. Reclaman derechos. Y un Estado que niega esos derechos no es neutral: se convierte en parte del problema. Si la política tiene algún sentido, es precisamente el de proteger a quienes menos pueden defenderse de las desigualdades del sistema. Lo contrario es abdicar de esa responsabilidad.

No se trata de un tema partidario ni ideológico: se trata de humanidad. El veto no es solo un acto administrativo; es un golpe a la esperanza y un retroceso en la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva. La historia juzgará estas decisiones no por los balances fiscales que se presenten, sino por el sufrimiento que pudieron evitar y no evitaron.

Hoy, la única posición ética posible es exigir que se revierta esta medida. Porque una emergencia que se niega en el papel no desaparece en la vida real: sigue allí, golpeando la puerta de miles de hogares, y su sonido es cada vez más fuerte.