• La concejal Lilian Labaqui el tema que ella presentó en el Concejo Deliberante

Un tema largamente postergado, invisibilizado durante años y relegado al fondo de la agenda pública comenzó finalmente a emerger con fuerza. La discusión sobre el uso de agroquímicos y fitosanitarios ya no es marginal: llegó nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que recientemente ordenó suspender ordenanzas en dos municipios bonaerenses vinculadas a esta problemática.

Como suele ocurrir cuando cae la primera ficha, el efecto dominó no tardó en aparecer. A partir de estas resoluciones judiciales, volvió a instalarse con fuerza el reclamo por la modificación de la Ley 10.699 —o incluso la sanción de una nueva normativa— que regule de manera adecuada el uso de agroquímicos. Un reclamo que viene sosteniendo desde hace tiempo la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, vecina de Alberti, y que cuenta con numerosos proyectos presentados en la Legislatura provincial.

Sin embargo, la mayoría de esas iniciativas permanecen “encajonadas”. Y no es casual. Existen intereses económicos muy fuertes en torno al negocio de los agroquímicos, lo que históricamente ha frenado cualquier intento serio de actualización normativa. En ese contexto, la reciente desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger no hace más que profundizar las alarmas, al evidenciar —según advierten distintas voces— un escaso interés del actual gobierno nacional por la salud humana y el cuidado del ambiente.

En el plano local, la ex concejal Lilian Labaqui recordó que uno de sus últimos proyectos legislativos estuvo precisamente orientado a este tema. Se trata del Expediente 205/25, un Proyecto de Ordenanza sobre la protección de la salud humana, los recursos naturales, la producción agrícola y el ambiente, enfocado en la regulación de agroquímicos.

Labaqui destacó además un dato no menor: fue la inquietud de un joven militante radical, estudiante del Nivel Terciario de la Escuela Normal, la que terminó de impulsarla a presentar una iniciativa que ya tenía elaborada, pero para la cual no encontraba el momento político adecuado.

Hoy, con el tema instalado en la agenda judicial y legislativa, la ex concejal remarcó la importancia de que los municipios actúen con responsabilidad y precisión legal. “Hay que estar atentos a lo que resolvió la Suprema Corte para evitar que una ordenanza mal legislada sea volteada”, advirtió.

El desafío está planteado. La urgencia es clara: se trata de proteger la salud de los vecinos y el ambiente. La pregunta es si la política estará a la altura del momento y decidirá, esta vez, no volver a barrer el problema debajo de la alfombra.