La Dirección de Discapacidad atraviesa un momento que genera creciente malestar entre familias, instituciones y actores vinculados al sector. La principal crítica apunta a la pasividad del área, con una gestión que muestra escasa presencia territorial, poca iniciativa y respuestas que, en muchos casos, llegan tarde o directamente no llegan.

Personas que conviven diariamente con la discapacidad advierten que faltan políticas activas, acompañamiento concreto y una planificación clara que permita abordar las múltiples problemáticas que atraviesan niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Trámites demorados, dificultades para acceder a información y la ausencia de programas visibles son algunos de los reclamos que se repiten.

Desde distintos espacios señalan que la Dirección debería cumplir un rol mucho más dinámico y cercano, funcionando como nexo entre el Estado, las familias y las instituciones intermedias. Sin embargo, hoy la percepción generalizada es que el área se encuentra desdibujada, sin una agenda pública ni acciones que marquen un rumbo definido.

“La discapacidad no puede quedar relegada a un segundo plano”, coinciden referentes del sector, quienes remarcan que la falta de acción también es una forma de decisión, y que sus consecuencias recaen directamente sobre quienes más necesitan del acompañamiento estatal.

En un contexto social y económico complejo, se espera que el área asuma un rol protagónico, con mayor presencia en el territorio, escucha activa y políticas públicas que garanticen derechos y promuevan la inclusión real. Por ahora, la pasividad de la Dirección de Discapacidad sigue siendo una deuda pendiente.