Por José María Méndez

No soy particularmente partidario de los carnavales, pero entiendo perfectamente que muchas personas los disfrutan y necesitan espacios de recreación, especialmente durante el verano. Más aún en un contexto donde no todos tienen la posibilidad de irse de vacaciones.

En ese sentido, el carnaval cumple una función social importante: genera encuentro, alegría y también movimiento económico para la ciudad.

Por eso resulta, como mínimo, llamativa la postura del bloque de concejales del PRO, que impulsó un pedido de informes —ya aprobado— sobre los gastos de esta actividad. Sobre todo porque esa decisión convive con un discurso en el que aseguran no oponerse a este tipo de celebraciones populares.

Ahora bien, si el eje del planteo es la transparencia y el control del uso de recursos públicos, la discusión no puede quedar reducida a un solo evento, popular en donde muchas personas, tal vez sin recursos concurren al evento.

Porque entonces aparece una pregunta que todavía no tiene respuesta clara:
¿ese mismo criterio de control se aplica de manera sistemática a todas las actividades que implican algún tipo de participación del Estado?

Dicho de otro modo, incluso en aquellos eventos que se presentan como privados, como por ejemplo la Fiesta del Caballo, otro evento popular, siendo la Fiesta de Bragado. ¿se ha indagado con el mismo nivel de rigurosidad si existieron aportes municipales, ya sea en logística, seguridad, infraestructura, personal o difusión?
Y en caso de existir, ¿por qué no se impulsan pedidos de informes en esos casos también?

Si no hay una explicación consistente, lo que queda en evidencia no es un compromiso con la transparencia, sino un criterio de selectividad que debilita el propio planteo.

Porque el control, para ser creíble, no puede ser parcial ni direccionado:
o se aplica de manera uniforme, o pierde legitimidad.

El intendente Sergio Barenghi fue claro al respecto: en Bragado el carnaval va a continuar, con el fortalecimiento de la Escuela de Carnaval y con una proyección que apunta a consolidarlo como una fiesta regional e incluso provincial. Esa mirada no solo contempla lo cultural, sino también el impacto económico y turístico, algo que muchas ciudades ya han entendido como una oportunidad de desarrollo.

En ese marco, el desafío no debería ser poner en discusión selectivamente determinadas actividades, sino establecer reglas claras y criterios consistentes para todas.

Porque cuando la vara cambia según el evento, la discusión deja de ser sobre transparencia y pasa a ser, inevitablemente, sobre intencionalidad.