• La concejal Daniela Monzón (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de Decreto que busca fijar un estándar de «ejemplaridad y ética pública» dentro del Poder Legislativo local, invitando a los ediles a someterse a análisis de detección de sustancias.

BRAGADO. Con el objetivo de reforzar la transparencia institucional y mostrar un compromiso directo en la lucha contra el consumo de drogas y el narcotráfico, la bancada de La Libertad Avanza —a través de la concejal Daniela Monzón— ingresó un proyecto de Decreto al Honorable Concejo Deliberante (HCD) para establecer exámenes toxicológicos voluntarios para ediles y autoridades del cuerpo.

La iniciativa fundamenta que quienes asumen la responsabilidad de representar a los vecinos deben dar el ejemplo con «la máxima ética y responsabilidad que el cargo exige». Según la propuesta, los controles servirían como un mecanismo de prevención y de fortalecimiento de la confianza ciudadana, tomando como antecedente normativas de ética pública a nivel nacional y provincial.

Los detalles de la medida

El proyecto contempla que los controles sean estrictamente de adhesión voluntaria, aplicables tanto al momento de asumir el cargo como con una periodicidad previa a la primera sesión de cada mes.

  • Sustancias a evaluar: Los análisis buscarán detectar la presencia de sustancias psicoactivas no prescritas por profesionales de la salud, abarcando cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas.
  • Costos y procedimiento: Para evitar erogaciones de las arcas públicas, cada examen será financiado por el propio funcionario que decida realizarlo. Las muestras serán procesadas en el Hospital Municipal.
  • Confidencialidad: Los resultados quedarán resguardados bajo estricta reserva en la Comisión de Asuntos Legales y Peticiones del HCD, la cual solo llevará un registro de la identidad de los concejales que hayan cumplido voluntariamente con el examen.

Invitación al Ejecutivo

Si bien la norma —por su formato de Decreto— regula únicamente la actividad interna del Poder Legislativo, el texto incluye en su artículo 8° un llamado al Intendente Municipal para que adopte una medida similar dentro del Departamento Ejecutivo para los funcionarios políticos designados.

De aprobarse y reglamentarse, se busca que la norma comience a aplicarse a partir de las próximas sesiones ordinarias, abriendo el debate sobre los estándares éticos exigidos a la dirigencia política local.